Por MIRYAM CAMACHO SUÁREZ*

En 2024, el gasto global en infraestructura de nube superó los 270,000 millones de dólares. Pero el dato que importa para América Latina no es el tamaño del mercado, sino su concentración: más del 70% de esa capacidad está en manos de tres empresas estadounidenses: Amazon, Microsoft y Google.

Ese dato, leído rápido, parece técnico. En realidad, describe una relación de poder.

Hoy, lo que llamamos “Estado”, la suma de los registros de identidad, los impuestos, los historiales médicos, las transacciones y, en algunos casos, incluso la información electoral, ya no existe en archivos físicos. Existe en servidores. Y esos servidores, en muchos casos, no están bajo control directo del propio Estado.

Aquí es donde el problema cambia de nombre. No es almacenamiento, es soberanía.

En México, no existe un listado público que detalle qué información del Estado se aloja en infraestructura externa. Sin embargo, la adopción de servicios de nube en distintas dependencias es un hecho documentado. Esto no implica que los datos más sensibles estén fuera del país, pero sí que una parte creciente de su procesamiento depende de sistemas que el Estado no controla directamente.

Durante siglos, la soberanía se entendía como control territorial. Un país era soberano porque controlaba su territorio, sus fronteras y sus instituciones. Ese modelo asumía que lo importante estaba dentro del país. Hoy, una parte creciente de lo importante no está dentro. Está alojada en infraestructura privada, muchas veces en otro país, bajo otra jurisdicción.

Eso introduce un desplazamiento que rara vez se reconoce con claridad: la autoridad ya no se define únicamente por lo que un Estado controla, sino por aquello de lo que depende. Y esa dependencia no es abstracta ni teórica; tiene consecuencias operativas.

Cuando un gobierno contrata servicios de nube, no adquiere servidores en propiedad. Adquiere acceso a una infraestructura que no controla físicamente y cuya operación está definida por terceros. Esto no implica necesariamente intervención directa o mala intención. Implica algo más profundo: la capacidad última de operación no siempre reside en el Estado.

Este tipo de dependencia se vuelve visible en momentos de falla. Cuando servicios de infraestructura presentan interrupciones, lo que se detiene no es una aplicación aislada, sino múltiples sistemas al mismo tiempo: plataformas de pago, servicios logísticos, herramientas empresariales e incluso operaciones institucionales. No fallan porque estén mal diseñados, sino porque comparten el mismo soporte.

Ese es el efecto de la concentración.

Y es ahí donde la discusión deja de ser técnica para volverse política. ¿Qué significa soberanía cuando la infraestructura crítica de un país depende de sistemas que no controla?

La respuesta no está en el discurso, sino en la estructura.

Este nivel de dependencia no es una preocupación abstracta ni una hipótesis académica. En México, el Instituto Nacional Electoral ha comenzado a reconocer explícitamente este problema. Su Programa de Gobernanza de Inteligencia Artificial 2025–2026 no implica aún una migración total de infraestructura, pero sí establece un marco para regular el uso de estas tecnologías bajo principios de legalidad, protección de datos y control institucional. El debate sobre dónde deben almacenarse y procesarse datos críticos, como los biométricos utilizados en procesos electorales, ya forma parte de la agenda institucional, aunque su resolución aún está en proceso.

El punto no es menor.

La discusión ya no es si se puede usar inteligencia artificial, sino bajo qué condiciones y con qué grado de control sobre la información más sensible del país, incluida la identidad de los ciudadanos.

Este fenómeno tiene además una dimensión económica que suele pasar desapercibida. América Latina se ha consolidado como una región exportadora de datos y consumidora de servicios procesados. Los datos de comportamiento, consumo y operación se generan localmente, pero se procesan en centros de cómputo ubicados en otras regiones. Lo que regresa son servicios, predicciones y herramientas que se pagan.

No es una metáfora, es un modelo económico.

Durante décadas, la región exportó materias primas e importó productos terminados. Hoy exporta datos e importa inteligencia procesada. Y todo esto ocurre sobre infraestructura que no controla.

Este patrón no es invisible para todos. Algunos países han comenzado a explorar mecanismos de soberanía digital, como la localización de datos o el desarrollo de infraestructura propia para funciones críticas del Estado. No se trata de una desconexión del sistema global, sino de entender hasta qué punto la autonomía depende de la propiedad de la infraestructura.

Porque ahí está el punto que redefine todo.

Si la identidad de un ciudadano, su historial y su capacidad de operar dentro del sistema dependen de una base de datos que el Estado no puede controlar directamente, entonces el Estado no es el único garante de esa estructura. Y cuando eso ocurre, la soberanía deja de ser absoluta, se vuelve condicionada.

El poder en la era digital no se ejerce únicamente a través de decisiones visibles.

Se ejerce a través de la infraestructura que sostiene todas las decisiones.

Un país puede tener leyes, instituciones y territorio. Pero si su información crítica depende de sistemas que no controla, sería como no vivir en su propia casa, sino en un edificio alquilado.

Y quien tiene la llave de ese edificio no necesita intervenir todos los días, basta con definir las condiciones bajo las cuales todo lo demás puede seguir funcionando.

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*Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.