El escenario, que debió ser de enseñanza, se transformó en un set de intimidación. En la UNLA, el corazón del bachillerato, fue sacudido ni por una discusión académica, sino por la furia de un padre; el pretexto fue el bullying contra su hijo.

Hoy la fiscalía michoacana entra al campus no para un diplomado, sino por una noticia delincuencial. Lo hace bajo la presión del ojo público que exige detalles a morir. La Universidad niega el fuego, pero acepta que sus pasillos están bajo custodia.

Por su parte, la instancia de derechos humanos en la entidad abre expedientes y demanda informes con su habitual lenguaje técnico. Habla del interés superior de los jóvenes, mientras los alumnos asimilan el trauma vivido, en un ya espacio inseguro.

Lo ocurrido en la capital michoacana es síntoma de una sociedad desbordada donde la violencia se hereda. La UNLA condena y la autoridad investiga, pero el daño a esa convivencia ya está hecho. El diálogo escolar pausa para dar paso a la procuración de justicia.

La justicia no debe ser una simple reacción ante la viralidad de un vídeo en las redes. Si, hasta en las instituciones educativas se requiere autoridad real, en los hechos, para que las aulas no terminen convertidas en terrenos de custodia, ni en el deambular anarquista.