Morelia, Mich. | Agencia ACG.- Con el respaldo del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), autoridades comunales de San Matías el Grande emplazaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a autoridades estatales y federales a cumplir, en un plazo de 15 días, los acuerdos pendientes para atender la crisis de enfermedad renal crónica en comunidades del Oriente michoacano, así como para transparentar la operación ambiental de la planta geotermoeléctrica de Los Azufres.

Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del CSIM, sostuvo que las comunidades han participado en mesas de trabajo desde enero, pero acusó que los compromisos asumidos por las instituciones se han quedado en minutas, sin avances sustanciales en salud, monitoreo ambiental ni atención directa a los enfermos renales.

El vocero señaló que nueva información entregada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó irregularidades en la operación de la planta geotermoeléctrica de Los Azufres, pues la propia CFE reportó 33 pilas de enfriamiento, de las cuales 12 no cuentan con protección de concreto ni geomembrana.

“Esto quiere decir que una tercera parte de todas las pilas de enfriamiento que tiene la geotermoeléctrica de Los Azufres está trabajando de manera irregular, fuera de la norma”, afirmó Guzmán Macario.

De acuerdo con el CSIM, esta información refuerza las preocupaciones de las comunidades sobre el posible impacto ambiental de la planta, ubicada en una región donde se ha denunciado un aumento de casos de insuficiencia renal crónica. También acusaron que la CFE no ha entregado estudios completos de impacto ambiental sobre agua, suelo y aire, sino únicamente auditorías externas que no permiten conocer con claridad el efecto de la operación geotérmica.

“Solamente entregaron un informe de un año y ese informe no es un impacto ambiental, sino una auditoría externa que hace un particular para revisar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad”, expuso el vocero.

En el emplazamiento dirigido al Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública de Los Azufres, las comunidades exigieron respuestas por escrito y acciones concretas antes de aceptar una nueva sesión de trabajo. Entre las demandas se encuentran un programa económico permanente para enfermos renales, detección temprana en comunidades afectadas, instalación de unidades de hemodiálisis en San Matías el Grande, un hospital especializado en la región y filtros de agua para las localidades afectadas.

También pidieron un programa permanente de monitoreo de manantiales y fuentes de abastecimiento alrededor de la planta geotérmica, con publicación pública de los resultados y análisis físico-químicos completos, así como la entrega de datos históricos de aire, agua, suelo, manejo de residuos y descargas con los que la CFE ha validado su operación durante más de 40 años.

Alejandra Martínez García, consejera de Salud de la comunidad otomí de San Matías el Grande, acusó que las autoridades han incumplido acuerdos básicos, como el envío de personal médico para tamizajes, el muestreo del agua en comunidades y el apoyo para el traslado de pacientes que requieren hemodiálisis.

“Son sólo palabras, son sólo promesas incumplidas y ya estamos cansados. Hemos sido respetuosos, hemos llegado al diálogo, nos hemos prestado para trabajar, pero no vemos ninguna voluntad de ellos por ayudar”, señaló.

La representante comunitaria afirmó que la atención médica disponible es insuficiente para la región, pues el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo cuenta con capacidad limitada y muchos pacientes deben recurrir a clínicas privadas, donde cada sesión de hemodiálisis puede costar entre mil 500 y dos mil pesos, sin considerar traslados ni alimentación.

Guzmán Macario recordó que anteriormente las comunidades ya tomaron instalaciones de la CFE en Morelia, se movilizaron en Los Azufres y bloquearon carreteras, acciones de las que surgieron compromisos que, aseguró, no han sido cumplidos.

“Sí hay compromisos, pero ninguno se cumple”, reprochó.

Ante ese escenario, el CSIM y las autoridades comunales anunciaron que preparan una jornada nacional en defensa de la salud, el agua y la vida, con movilizaciones en la Ciudad de México y posiblemente también en Michoacán, para exigir la intervención de autoridades federales.

“Estamos listos, estamos preparados para emprender una jornada nacional de movilizaciones”, advirtió el vocero del CSIM.