* El Tribunal de Disciplina enfrentará el dilema de castigar al juez popular, peor técnicamente mediocre o deficiente. Sin observadores externos, la justicia michoacana queda vulnerable ante el uso político de la ley y el presupuesto.

Columna Acueducto | Samuel Ponce

Si bien, el espíritu de la reforma judicial michoacana presume democratización y combate al nepotismo rampante. Se busca, eso infieren sus creadores, que la justicia emane directamente del mandato popular y no de acuerdos cupulares. Bajo esa premisa, el poder judicial estatal intenta sacudirse de una endogamia institucional asfixiante.

Si, la transición ya es una realidad tangible con 109 magistrados y jueces electos en las urnas. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado presume hoy una paridad histórica de 16 mujeres y 16 hombres en funciones. Se reporta un incremento en la productividad, pero la sombra del desvío judicial acecha cada expediente.

Para contener la ambición, surgió el Tribunal de Disciplina Judicial con dientes para sancionar faltas graves, Este órgano ya ha emitido sentencias condenatorias y mantiene bajo la lupa a diversos servidores públicos. No obstante, el riesgo de que el juzgador busque el aplauso fácil es una amenaza latente.

Y es que existe una asimetría peligrosa entre el juzgador en funciones y el aspirante externo que busca su silla. El primero debe callar y trabajar; el segundo goza de un megáfono mediático sin restricciones éticas. Esta desigualdad de posicionamiento empuja al magistrado o al juez a decisiones más populares que estrictamente legales o técnicas.

Sin duda, la reelección se convierte en un incentivo perverso que podría revertir el rigor de la ley michoacana. El miedo a la sentencia técnica, pero mediáticamente impopular, es el gran enemigo de la justicia real. El juzgador conocer que, sin posicionamiento, su carrera depende del humor volátil de un electorado desinformado o de una jugarreta partidista y hasta del poder.

Si, se requieren filtros académicos estrictos, promedios de excelencia y experiencia probada para no perder el rumbo. Sin embargo, la capacidad técnica suele sucumbir ante el markenting político si no existen contrapesos sociales sólidos. Las barras de abogados y el periodismo crítico son hoy los fiscales de la calidad jurídica.

En Michoacán, la sociedad civil se muestra fragmentada, temerosa de represalias y limitada por presupuestos siempre oficiales. Las universidades, con todo y su peso intelectual, viven atadas al cordón umbilical de los subsidios del Ejecutivo. Esa dependencia financiera asfixia la posibilidad de un observatorio judicial que sea verdaderamente autónomo e independiente.

La mirada internacional, desde la ONU o la CIDH, aparece como la única validación técnica sin sesgos. Pero en el discurso oficial de soberanía, esa intervención se percibe como una injerencia externa inaceptable. Michoacán se alinea así a la disciplina política dictada desde el centro del país por la presidencia.

El Ejecutivo estatal ha optado por un modelo híbrido que le permite control y legitimidad al mismo tiempo. Es una autonomía concedida, pero no consolidada, que mantiene la llave del recurso financiero bajo la oficial. Se copió el modelo financiero de la Universidad Michoacana, pero con un rigor de control político distinto.

Sin información suficiente y con desinterés ciudadano generalizado, la elección judicial corre un riesgo mayor. Se votará por el nombre conocido, por el rostro amable o por la consigna dictada desde el poder. La formación ciudadana es la gran ausente en esta inversión que el poder judicial no termina.

Todo depende, al final, de que el Tribunal de Disciplina no se doble ante la popularidad mediática. Si el castigo no llega para el magistrado o juez que actúa mal, el sistema será una puerta giratoria. Michoacán camina sobre una justicia que busca la ciudadanía, pero que aún depende de la voluntad política.

En el análisis, esta encrucijada revela que la independencia judicial está suspendida en un hilo muy delgado. El Tribunal de Disciplina enfrentará el dilema de castigar al juez popular, peor técnicamente mediocre o deficiente. Sin observadores externos, la justicia michoacana queda vulnerable ante el uso político de la ley y el presupuesto.

La autonomía presupuestal no llegará por valentía del Poder Judicial, sino por una concesión calculada del Ejecutivo. Se prefiere un sistema que funcione operativamente, pero sea políticamente predecible bajo el control financiero estatal. Mientras el ciudadano no tenga datos reales de eficiencia, el voto será una moneda en el aire o de color guinda.

Sin embargo, la salud del sistema judicial de hoy depende más de la fuerza de la sociedad civil organizado. Solo una ciudadanía informada podrá romper el círculo de dependencia que asfixia a los tribunales locales. El modelo híbrido actual es cómodo para el pode, pero riesgoso para quien busca justicia imparcial.