• La reforma propone también el tipo penal de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- A un mes de que asesinaran al líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huarache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley anticoyotaje.

“Sin duda, un crimen de esta magnitud y la problemática de inseguridad no se puede resolver con reformas legales, sin embargo, es importante tomar medidas al alcance de nuestras manos que puedan contribuir a mejorar la situación agrícola del estado. Bernardo Bravo, además de seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”, indicaron.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas, la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

“Esto, a través de acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o ‘coyotaje’ colectivo y de gran escala, con fines de acaparamiento y especulación. No podemos permitir conductas monopólicas en la intermediación”, aseguraron.

La iniciativa priista no busca satanizar a los intermediarios que atienden a dinámicas propias del mercado y el libre comercio que, con los adecuados controles y sin fines perniciosos, aportan mucho al comercio y al desarrollo económico, al tender lazos entre productores y comercializadores de gran escala, nacional e internacional, abundaron.

Lo que sí incluye la iniciativa es “la creación de un tipo penal muy específico a la problemática de inseguridad y coyotaje en el sector agrícola de la entidad, en nuestro Código Penal, dentro de los Delitos Contra el Patrimonio, bajo el nombre de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios”, indicaron.

Reiteraron que como legisladores, “difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han muerto en garras del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, pero sin duda, podemos alzar la voz y también hacer caso a Bernardo Bravo en su llamado a evitar el intermediarismo dañino y pernicioso, vinculado al crimen. Le debemos eso al menos”, finalizaron.